GUERRA CIVIL INFORMAL

Guerra civil

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“México tiene cifras de violencia como un país en guerra”, señaló recientemente Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y expresidenta de Chile.

Sólo que esta guerra, a diferencia de otros conflictos bélicos que se viven en el mundo, tiene un factor distintivo: es una guerra civil no convencional (una revolución soterrada, inorgánica), en la que se mata, secuestra, extorsiona y se roba por motivos económicos; por hambre, ciertamente, pero también por avaricia y codicia.

Después de dos sexenios de guerra contra la inseguridad y de la crisis humanitaria que significan 250,000 ejecutados, 35,000 desaparecidos, 30,000 cuerpos sin identificar, medio millón de desplazados forzados y un millón de víctimas por “daños colaterales”, debemos tener claro lo siguiente: vivimos una epidemia de violencia estructural y generacional, que no se resuelve con el cambio de partidos en el poder, que requiere más de cien días para consolidar cambios de tendencia, y que necesita de un nuevo contrato social para dejar atrás el “estado de naturaleza” salvaje que tres décadas de neoliberalismo económico instalaron en el país.

La ecuación de nuestra violencia epidémica se integra con cuatro múltiplos: desigualdad social + miseria moral + corrupción + impunidad. ¿Por cuál de estos lados hay que empezar? La respuesta es: por los cuatro costados. La mejor manera de atacar un círculo vicioso es por todos sus lados.

Junto a estos detonadores particulares de la violencia en México, tenemos otros factores que están haciendo al mundo de hoy más violento que antes. Eric J. Hobsbawn, uno de los grandes historiadores del siglo XX, los enuncia en su ensayo “El orden público en una época de violencia”. 1) La oferta, suministro y portabilidad de armas cada más letales, a costos accesibles, y ofertadas hasta por internet, que estimulan su posesión de manera individual o a través de comunidades, como los grupos de autodefensa; 2) el deterioro de las normas tradicionales y de las convenciones sociales en torno a instituciones civilizatorias, como la familia, la escuela y las comunidades primarias; 3) la exposición mediática y apologética de la violencia a escala planetaria; 4) la crisis del Estado-nación en su dimensión territorial, que ha modificado el control militar de las fronteras; 5) la dificultad creciente de las legislaturas nacionales a producir leyes con la mayor aceptación y legitimidad ciudadanas, lo que hace difícil su acatamiento y aplicación; 6) la globalización, que ha producido un aumento en la movilidad y tránsito de personas, bienes y servicios a través de fronteras otrora infranqueables, donde se pierde con frecuencia el control de actividades ilícitas internacionales; 7) el resurgimiento de tendencias separatistas o autonómicas en regiones enteras de los estados nacionales, que disputan a los gobiernos centrales el “monopolio de la violencia legítima”, a través de fuerzas policiales propias o grupos paramilitares.

La violencia es una manifestación estructural que requiere acciones generacionales. Por eso la urgencia. No es un asunto de magia o milagros, sino de políticas públicas de desarrollo, leyes justas, mejores instituciones de seguridad y mucha voluntad política. Sólo así se pacificará al país.

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